En México, la grave situación actual obliga a tomar conciencia del problema y, por tanto, genera el interés suficiente para que los medios de comunicación se transformen en mecanismos de denuncia y los periodistas se conviertan en una especie de fiscales populares que investigan y difunden acontecimientos cada vez más graves.

Algunos casos actuales de corrupción de servidores públicos en México

La corrupción es un mal generalizado, permanente e inevitable, la ocupación y preocupación de juristas, filósofos, politólogos, sociólogos y ciudadanos en general, se centra en intentar mantenerla en niveles tolerables, evitando que el enriquecimiento de las autoridades y sus secuaces del sector privado provoquen el empobrecimiento de una zona o de una población y la quiebra del Estado.

En México, la grave situación actual obliga a tomar conciencia del problema y, por tanto, genera el interés suficiente para que los medios de comunicación se transformen en mecanismos de denuncia y los periodistas se conviertan en una especie de fiscales populares que investigan y difunden acontecimientos cada vez más graves.

Las decenas de hechos de corrupción que se publican en los libros escritos por periodistas de investigación, motivan que encabecen durante meses la lista de obras más vendidas.

Los casos de enriquecimiento ilícito de empresarios y de funcionarios públicos se multiplican sin que se produzcan condenas judiciales de ningún tipo, y en consecuencia, se ha fortalecido en la sociedad un estado de hartazgo e impaciencia que constituye un síntoma de esperanza.

Han existido y existen manifestaciones públicas “anticorrupción” y, frente a cada nuevo episodio, las redes sociales se expresan constantemente con el propósito firme de lograr un cambio radical en las conductas delictivas.

El servidor público inicia su carrera de corrupción mediante la afiliación a un partido y una buena relación con sus líderes lo cual garantizará el acceso a la función pública, aunque se carezca de la más mínima preparación. Los nombramientos se hacen por parentesco o amistad.

Los concursos para tener acceso a los altos cargos, generalmente están amañados, incluso la designación de jueces, magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial, salvo algunas excepciones, lo cual se convierte en una verdadera garantía de impunidad por la red de compromisos que se teje a partir del día en que, en cada caso, se llevó a cabo la contratación laboral.

Los servidores públicos honestos, competentes y eficientes, que estén orgullosos del rol esencial que les corresponde cumplir, deben ser bien remunerados. La ciudadanía que recibe servicios públicos de calidad estará de acuerdo que quienes los gestionan merecen estar debidamente recompensados.

Casos relevantes en México

A continuación mencionaré algunos casos que actualmente en nuestro país se están manejando como actos de corrupción realizados por funcionarios públicos y particulares.

Emilio Lozoya Austin

Formaba parte del Consejo de Administración y de la “Comisión de Auditoría y Cumplimiento”, de la empresa Obrascon Huarte Lain, SA (OHL) México.; compañía que se dedica al estudio y construcción de toda clase de obras, sean públicas o privadas; a la promoción, desarrollo, construcción, explotación de infraestructuras, servicios y concesiones de todo tipo de proyectos industriales y de ingeniería.

Una vez que renunció a esta empresa y participó en la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de la república, que a la postre ganó, fue nombrado Director General de Pemex del 4 de diciembre de 2012 hasta el 8 de febrero de 2016.

Emilio Lozoya está vinculado en el escándalo Odebrecht por presuntamente haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña para la campaña presidencial del PRI en 2012. Odebrecht es la empresa ganadora de una licitación para obras en una refinería de Tula, Hidalgo, por medio de una alianza con una compañía local, “Construcciones Industriales Tapia”.

Tiene abierta carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República FGR y en la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales FEPADE; se ha declarado inocente y ha negado las acusaciones que se le imputan.

Rosario Robles Berlanga

Enfrenta una acusación por el delito de ejercicio indebido del servicio público. La Unidad deInteligencia Financiera UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló sus cuentas bancarias por el presunto desvío de recursos federales a través de al menos 11 dependencias federales utilizando 186 compañías para desviar $7,670 millones de pesos de contratos con empresas fantasmas; todo ello derivado de la auditoría a las cuentas públicas del 2013 y 2014 de dichas dependencias realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Ella asegura que la FGR viola sus derechos y el debido proceso al filtrar que existe una investigación en su contra por la llamada “Estafa maestra”.

Los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva de oficio por lo que podrá llevar su proceso en libertad.

Carlos Antonio Romero DesChamps

Tiene acusaciones en su contra por diversos delitos: delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, corrupción y tráfico de influencias. Presuntamente dichos crímenes han sido cometidos con la complicidad de miembros de la élite política mexicana, indistintamente de su afiliación partidista.

En el año 2000 se dio a conocer un desvío de fondos, conocido como Pemexgate, por $1,500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priista.

En 2003 la Procuraduría General de la República inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido en 2006 por falta de pruebas. En 2011, el litigio fue dado por finalizado de manera inapelable.

Pemex otorgó un préstamo al sindicato petrolero por la cantidad de $500 millones de pesos, a pagar en plazo de 10 años y sin intereses; supuestamente para la construcción de vivienda para los trabajadores.

En el año 2011 La paraestatal y el sindicato firmaron un convenio mediante el cual acuerdan mantener oculto el contrato colectivo de trabajo que involucra el préstamo.

Romero DesChamps no ha logrado demostrar de dónde ha obtenido los recursos para financiar su lujoso nivel económico de vida tanto de él como de sus hijos, considerando que el sueldo mensual con el que está dado de alta en la nómina de trabajadores de Pemex es de $27,000 pesos.

Javier Duarte de Ochoa

Según acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación, presuntamente desvió y malversó$4,630 millones de pesos destinados a política social educativa y de salud pública.

Una parte estaba etiquetada para la renovación de infraestructura en escuelas, pero fue enviada a cuentas bancarias del gobierno del estado usadas para el gasto corriente sin saberse su paradero; otra parte del dinero destinado para el “Programa Escuelas de Tiempo Completo” corrió la misma suerte y metodología.

El programa “Seguro Popular” reportó subejercicio de fondos, compra de medicamentos efectuadas a sobreprecios y muchos de ellos fuera del cuadro básico permitido por ese programa, llamado Catálogo Universal de Servicios de Salud, por lo cual, no pudieron ser suministrados a pacientes.

La asociación ciudadana “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, reveló que durante la gestión de Javier Duarte se habría conformado una red de aproximadamente 600 seiscientas empresas fantasma, a las cuales se les facilitaban licitaciones públicas o se les asignaban directamente contratos, principalmente relacionados a política social, como el combate a la pobreza o la asistencia.

Dichas empresas fueron creadas en condiciones irregulares, inmediatamente después del inicio del gobierno de Duarte; tenían domicilios en sitios abandonados o bien, desaparecieron luego de recibir los contratos, además de coincidir en que algunas de ellas tenían socios en común.

En enero de 2017 la PGR cateó un domicilio en la Colonia del Valle en la Ciudad de México en virtud a una denuncia anónima que informó a los fiscales que el prófugo Duarte se encontraba en esa casa.

La policía no encontró al ex gobernador pero localizó cajas con 23 millones de pesos, dos Centenarios de oro y un disco duro. El dinero fue reintegrado por la PGR a la administración pública veracruzana.

En septiembre de 2018, Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para obtener una reducción de su condena, la cual se estableció en 9 años de cárcel —los cuales habrían comenzado el día de su captura el 15 de abril de 2017— y una multa de $58,890 pesos mexicanos.

Opinión

En lo general, los titulares de los órganos internos de control son designados por quienes serán controlados, por tanto, no existe una real independencia mental ni de gestión; las investigaciones que realizan estas personas pueden tardar meses o años y no llegan a las consecuencias que la ciudadanía espera.

El control preventivo del gasto debiera funcionar puntualmente, y la rendición de cuentas también debiera ser examinada durante el propio ejercicio fiscal conforme vaya avanzado, para que al final de cada ejercicio ya se tenga un resultado preliminar de la revisión, con las discrepancias localizadas que, de no atenderse, comprobarse y justificarse, en corto tiempo se puedan convertir en créditos fiscales a favor del erario y la hacienda pública, con las demás consecuencias jurídicas en materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales que estas acciones conllevan.

La sociedad está convencida que sólo son castigados los ilícitos cometidos por la gente común y que las autoridades corruptas y sus socios privados jamás son condenados; en pocos casos, se detiene a algún funcionario, se le fincan ciertas responsabilidades, se integra una carpeta de investigación de tipo ligero, fácilmente solventable y posterior a unos meses o quizás pocos años se concluye que no ha lugar al ejercicio de la acción penal.

El daño que esta substanciación ocasiona a la moral colectiva es mayúsculo porque genera decepción y desaliento en virtud a quedar impunes la gran mayoría de los delitos de corrupción. Si bien es cierto que la participación ciudadana resulta esencial, se requiere de mucha mayor intervención pero también más severidad, dureza, inflexibilidad y rigor en la normatividad referente a la calificación de las responsabilidades de tipo administrativo y civil, así como las sanciones y consecuencias penales, sin importar de quien se trate.

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