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Cualquier país que únicamente se afane en establecer y cobrar diversas contribuciones para luego aplicarlas en su presupuesto de egresos, pero que por su incapacidad dicho gasto no se vea reflejado de manera tangible en beneficios a la ciudadanía de manera proporcional a su volumen, incurre en corrupción.
En el presupuesto de egresos 2019 de la Federación se destinó a la Secretaría de Educación la cantidad de 308 mil millones de pesos que representa el 5.28% del total del gasto federal; y en el caso de Jalisco, el gasto programado para dicha unidad presupuestal es por 32 mil 500 millones de pesos que representa el 27.76% del presupuesto total.
Como podemos observar, no se han escatimado recursos para apoyar al sector educativo, sin embargo, los resultados han sido mediocres derivado del bajo nivel de preparación y en la limitada competencia profesional que tiene la mayoría de los maestros, y en consecuencia los alumnos no salen de sus cursos escolares con el aprendizaje, conocimientos y cultura suficientes.
Como puede observarse, el gasto público destinado a la educación es alto; sin embargo, no se ve reflejado en conductas apegadas a la ética y a la moral; al respeto absoluto a las normas, valores y principios para el buen desarrollo de la sociedad; se siguen incrementando los casos de robos, asesinatos, violaciones, difamación, y sobre todo el fraude derivado de la corrupción.
La incapacidad del gobierno no únicamente se evidencia en el Poder Ejecutivo sino también en el Poder Judicial ya que día con día conocemos actos y omisiones en los que magistrados y jueces, cuando no forman parte activa de la corrupción, obstruyen la administración de justicia dejando en estado de indefensión a alguna de las partes en conflicto.
La consecuencia de estas deficiencias es el incremento desmedido de todo tipo de delitos que se origina precisamente por las pocas posibilidades de ser descubiertos, o de recibir castigos, o en caso de ser sancionados, será en forma leve y fácilmente solventables. Esta situación impulsa a los corruptos para continuar con sus tropelías.
El castigo debería ser efectivo y en los términos de los códigos penales, tendría que ser muy severo, hasta tanto nuestra sociedad tenga su conciencia apegada a un alto cumplimiento de las leyes.
Se trata de situaciones y consecuencias que ameritan penas de manera proporcional al delito cometido, capaces de desincentivar su reincidencia con el propósito de generar a la sociedad la certeza de que el que la hace recibirá su castigo.
La corrupción es un fenómeno que involucra a todos los estratos sociales.
La sociedad desconfía de sus representantes y por tanto, esta situación permea a las instituciones encargadas de impartir justicia, a las que deben garantizar la seguridad ciudadana y en general a la administración pública. La consecuencia que esto genera es que el deterioro en el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, se agiliza y cada vez se dificultará recuperar la confianza.
La corrupción es una violación de las normas con el propósito de obtener provecho personal o de cierto grupo; algunas de las justificaciones que el infractor esgrime, son, por ejemplo:
“Todos los políticos roban, y éste, por lo menos hace obras”;
“Con el sueldo miserable que le pagan en el gobierno, lo obligan a corromperse”;
“Si todos participan en actos de corrupción, ¿por qué yo no?”;
“Aunque no haya terminado mi carrera profesional, de alguna manera conseguiré mi título, porque tengo más conocimientos y experiencia laboral que cualquiera que terminó sus estudios”.
“El que no tranza no avanza”;
“Dios, no te pido que me des sino que me pongas donde hay, yo solito agarro”
Arnold J. Heidenheimer opina que “La corrupción es cada vez más alta en el panorama de la política internacional como resultado de la globalización, la propagación de la democracia y los principales escándalos e iniciativas de reforma.
El concepto en sí ha sido un foco de atracción para los científicos sociales durante muchos años, y los nuevos hallazgos y datos se tornan más interesantes”.
Tipología de la corrupción
Este periodista político ha desarrollado una tipología de la corrupción basada en las percepciones éticas de la clase política y la opinión pública:
- Corrupción negra: aquellos actos que claramente la clase política y la opinión pública consideran corruptos.
- Corrupción blanca: aquellas transgresiones aceptadas como males necesarios e inocuos tanto por la opinión pública como por las cúpulas políticas, estas conductas son toleradas por la sociedad civil.
- Corrupción gris: todas aquellas conductas acerca de la cuales las élites y la opinión pública discrepan al momento de estimarlas corruptas o no.
Cuando la corrupción tiene lugar en la alta esfera gubernamental, el problema se puede extender y provocar un contagio generalizado en la ciudadanía.
Ética
La ética en la actividad administrativa del estado puede conceptualizarse como el conjunto de reglas morales que imponen una determinada conducta al funcionario empeñado en lograr el mayor grado posible de bienestar general. La falta de ética hace que las autoridades persigan su enriquecimiento personal dejando en un segundo plano la atención de sus deberes.
Por ejemplo, en Argentina, la corrupción política reina en todos los ámbitos gubernativos (nacional, provincial y municipal), aunque predomina en el ejercicio de la función administrativa, especialmente en materia de contrataciones, ejercicio del poder de policía, actividades de fomento, pago de subsidios, autorizaciones, licencias y exenciones fiscales, la corrupción ha contaminado a los tres poderes del Estado, incluyendo el soborno de legisladores.
Casos Internacionales
España
En tiempos relativamente recientes, es posible enunciar episodios de extrema gravedad en muy diversas latitudes. En España, el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas posee 22 millones de euros en una cuenta Suiza y es propietario de una finca de 30,000 hectáreas en la provincia argentina de Salta; el gobernante del Partido Popular del Presidente Rajoy es investigado por recibir dinero “negro” y llevar una doble contabilidad; la hija menor del Rey Juan Carlos de Borbón, Infanta Cristina, fue procesada por estafa al fisco, acusada de integrar una fundación (“Nóos”) que habría desviado fondos en provecho de sus miembros.
Italia
En Italia, el célebre proceso, mani puliti, iniciado por el fiscal Antonio Di Pietro en 1992, descubrió una enorme red de corrupción que complicaba a grupos políticos y empresariales. Fueron tantos y tan gigantescos los intereses afectados que se derivó en el asesinato del Juez Giovanni Falcone el 23 de mayo de 1992; y el 19 de julio del mismo año fue muerto otro magistrado antimafia, Paolo Borsellino.
Brasil
En Brasil, en 2005, fue removido el directorio del Instituto de Reaseguro debido a la firma de “contratos turbios”; en 2008 el Tribunal Electoral le quitó los cargos a 153 alcaldes por el delito de compra de votos; en 2013 fueron condenados, por el pago de coimas a diputados opositores, 25 políticos y empresarios, entre los que se incluye a José Dirceu, hombre de confianza del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, cuyo hermano Genival da Silva fue procesado por venta de influencias en 2007; y en 2015 la presidente Dilma Rousseff soportó una andanada de denuncias que la colocaron al borde del juicio político.
México
En México, la Procuración General de la República suspendió las contrataciones con la empresa francesa Alstom al descubrir que había pagado coimas a funcionarios por 11 millones de dólares durante 6 años.
China
En China, el periodista de Pekin Zhu Ruifeng expuso más de cien casos de corrupción en su sitio web.
Estados Unidos de America
Los EEUU han visto derribar a decenas de parlamentarios involucrados en casos de sobornos cuando la mayoría del Congreso estaba en manos del Partido Republicano (presidencia de George W. Bush). Los demócratas dijeron entonces que esperan erradicar la “cultura de la corrupción que impera en la legislatura” (diario La Nación, Buenos Aires, 19 ene 2006).
Francia
En Francia, en 2003, junto a varios políticos y empresarios, fue condenado a prisión el Director General de la petrolera estatal Elf. La jueza interviniente, Eva Joly, que sufrió toda suerte de presiones y amenazas, relató el proceso en su libro “Impunidad. La corrupción en las entrañas del poder” (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003) en el que resalta que “cada vez que un magistrado se acerca demasiado al poder, oficial u oculto, se ve atrapado por un engranaje que lo supera. Se trata, sin duda, del orden de las cosas” página 10. Jacques Chirac fue procesado por haber designado, cuando era intendente de París, a varios empleados que no prestaban servicio alguno.
Perú
En Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado y cumplió prisión por apropiación de fondos públicos. En Alemania, tuvo gran repercusión el episodio que se produjo en Argentina: el pago de alrededor de 80 millones de dólares por parte de Siemens para obtener el contrato de impresión de documentos de identidad, expuesto detalladamente en Alconada Mon, Hugo: “Las coimas del gigante alemán, Buenos Aires, Planeta 2011”
Costa Rica
En Costa Rica, un expresidente, también ex Secretario General de la OEA, fue condenado a 5 años de prisión por haber recibido coimas de una empresa de telefonía móvil. El suplemento económico del diario ABC de Asunción Paraguay del 2 de julio de 2006 informó que con las sumas percibidas en forma ilícita por agentes del Poder Administrador durante 2005, se podrían construir 164 escuelas o 52 hospitales (la situación de Paraguay, que el autor califica de “alarmante”, puede verse en Medonca Daniel: Corrupción. Un estudio sobre la corrupción en Paraguay, Asunción, Intercontinental Editora, 2005).
Chile
La justicia chilena ha establecido que el ex dictador Augusto Pinochet acumuló una fortuna de origen no explicado de alrededor de 27 millones de dólares.
Japón
En Japón, en 2007, la acusación contra el Ministro de Agricultura Toshikatsu Matsuoka provocó su suicidio antes de ser interpelado en el Parlamento.
Un par de días más tarde se quitó la vida un empresario presuntamente involucrado en el mismo fraude, relacionado con licitaciones públicas.
Estado del Vaticano
Hasta el mismísimo Estado del Vaticano se ha visto envuelto en casos de corrupción cuando el Instituto para las Obras Religiosas (OR), conocido como Banco del Vaticano, fue investigado por la justicia italiana por lavado de dinero y “transacciones oscuras”.
‘Odebrecht’ y los cuatro mandatos continuos de corrupción política en Perú1.
El caso de ‘Odebrecht’ es sin duda la mayor trama de corrupción que enfrenta la región iberoamericana y, en especial, el país andino. La reciente muerte del expresidente peruano Alan García ha extendido la alerta de corrupción en la esfera política de Perú aumentando la conciencia de que los cuatro últimos exmandatarios del país están vinculados al escándalo de corrupción de la constructora brasileña. De acuerdo con la fecha de mandato, la onda expansiva de esta causa tiene su origen con el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2005), acusado de delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y colusión por recibir presuntamente un soborno de 20 millones de dólares de la citada empresa de construcción.
Al término de su mandato, Toledo fijó su residencia en California (Estados Unidos) antes de que comenzara a ser investigado en 2017. Es por esto que la Embajada de Perú en Washington solicitó al Departamento de Justicia estadounidense la extradición del acusado y, por el momento, la Fiscalía de Perú sostiene que Estados Unidos “se encuentra revisando el cuaderno de extradición de Alejandro Toledo”.
En segundo lugar se encuentra el caso de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien terminó con su vida de un disparo en la cabeza cuando las autoridades policiales procedían a detenerlo en su casa por una orden de prisión preliminar.
El hasta ahora líder del progresista Partido Aprista Peruano (APA) estaba siendo investigado por presuntas adjudicaciones irregulares en la construcción de la línea 1 del Metro de Lima y por supuestos aportes económicos de la constructora para la campaña electoral de su segundo mandato.
Su rival político, el también expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su mujer, Nadine Heredia, continúan señalados por esta causa después de que un exempleado de la compañía revelara que Heredia recibió 1 millón de dólares para financiar la campaña de la que su marido resultó vencedor y tras haber cumplido con 10 meses de prisión preventiva, ocho menos de los que la Fiscalía había dictado.
Asimismo, un tribunal peruano dictó prisión preventiva durante 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), detenido por los presuntos sobornos cobrados a la constructora brasileña ‘Odebrecht’ a cambio de contratos públicos.
Conclusión
Es innegable que, a nivel mundial, estamos inmersos en un incremento desmedido de la corrupción que afecta a cualquier nivel social y político de la comunidad. Conocemos de múltiples casos de organizaciones criminales dentro de los tres niveles de gobierno que han propiciado un aumento abismal de la pobreza y miseria por todo el país; violencia descontrolada en todos los municipios de los estados; promesas de los políticos que no se cumplen; descaro en declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales; robos a la ciudadanía a plena luz del día que quedan impunes; saqueo a negocios particulares que no se persiguen; robo de bienes que pertenecen a las empresas de gobierno que nadie investiga; despilfarro de los recursos de la nación sin que concluyan las investigaciones ministeriales ni judiciales; y una economía general que se ha quedado estancada a nivel muy bajo que no corresponde a lo que establece el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La corrupción en México se ha vuelto parte del sistema y por tanto tiene la resistencia suficiente para enfrentar los cambios políticos que pudieran limitarla, y en consecuencia, cualquier funcionario público tiene la seguridad que puede salir impune de la investigación que se abra en su contra, excepto si por alguna razón decayó en la simpatía de sus cómplices de mayor nivel.
Notas: 1 www.notimerica.com/politica/noticia-odebrecht-cuatro-mandatos-continuos-corrupcion-politica-peru-20190422145419.html 22 Abr 2019
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