Aspectos controvertidos del ajuste anual por inflación de las personas morales

Aspectos controvertidos del ajuste anual por inflación de las personas morales

El antecedente histórico del ajuste anual por inflación data de la ley del ISR del ejercicio fiscal de 1987, mismo que en dicho ejercicio se conocía como “componente inflacionario”, concepto que acorde con la definición de Calvo Nicolau “representa la expresión numérica de la pérdida que el acreedor sufre en el poder de compra o poder adquisitivo de las unidades monetarias o pesos que le son adeudadas por sus deudores respecto de derechos de crédito en general, provenientes de actos jurídicos que celebra con ellos, de manera que el crédito puede provenir de préstamos, de ventas a crédito o de cualquier acto jurídico que tenga como objeto directo una obligación dineraria”1.
Deducción de pérdidas de dinero en efectivo derivadas de un robo o fraude

Deducción de pérdidas de dinero en efectivo derivadas de un robo o fraude: La imperiosa necesidad de regular la fracción V del artículo 25 de la LISR

En relación con la deducibilidad de la pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude, y pese a ser una situación desafortunadamente muy recurrente –e incluso cotidiana–, resulta sorprendente que en la actualidad, en nuestro país no exista dentro de nuestro ordenamiento jurídico, una norma que precise los requisitos para efectuar la deducibilidad de esas pérdidas, y por ello el motivo de este análisis y su acercamiento con la materia penal, desde lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)