Ejemplos de fraudes en sector gobierno

El común denominador de los fraudes en las entidades públicas en México se origina, entre otras causas, en el manejo opaco y en la utilización discrecional de los recursos; acciones en los que están involucrados servidores públicos de los niveles bajo, medio y alto; efectúan adquisiciones a sobreprecio; contratan a empresas de reciente creación; otorgan contratos a compañías fantasmas que sólo existen documentalmente pero con domicilios falsos y sin estructura física ni administrativa; no tienen activos ni empleados, existen únicamente de membrete; todo esto encubre una amplísima red de corrupción.

En materia de obra pública, por ejemplo, se publicita que cierta inversión costará determinada cantidad de millones de pesos y el gobierno termina pagando el doble y hasta el triple de dicho monto, sin que nadie se oponga ni objete el incremento erogado, ni se llame a rendir cuentas a quienes autorizaron en forma irregular tales incrementos, cometiéndose de esa manera un fraude a la ciudadanía.

A los servidores públicos y los administradores de las empresas privadas proveedoras y contratistas del gobierno que se les demuestre que participaron en actos de fraude o corrupción, se les debe obligar a responder por su conducta impropia y debieran ser inhabilitados en forma temporal o permanente, y publicitados en forma similar a como el Servicio de Administración Tributaria “SAT” publica en el Diario Oficial de la Federación a los contribuyentes que incurren en delitos fiscales; de esta forma se inhibirá este tipo de fraudes en contra del erario. A la fecha, sólo la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo este procedimiento, pero únicamente lo aplica en los casos en los que, mediante pruebas selectivas en las revisiones que efectúa, detecta irregularidades en la prestación de servicios y en la adquisición de bienes y arrendamientos, sin embargo, falta mucho por hacer.

Con el propósito de mencionar algunas de las prácticas indebidas que representan el ultraje al que hemos sido sometidos por quienes detentan el poder y que de acuerdo con la normatividad están obligados a aplicar de manera escrupulosa, exacta y honesta el presupuesto aprobado para cada partida presupuestal, y que por su inobservancia ocasiona la bancarrota en muchos de los entes públicos, recuerdo los siguientes:

Ejemplos de tipos de fraude cometidos por servidores públicos

• Mal manejo en la recepción y custodia de los bienes que reciben de los proveedores del gobierno, lo que ocasiona el deterioro y la no utilización de diversos bienes; por ejemplo; materiales de construcción (cemento, cal, varilla, arena, yeso, etc.) (Alimentos frescos como carnes, verduras, pan, tortilla, etc.) (Medicamentos e instrumental médico quirúrgico, etc.);
• Adquisición de bienes no necesarios ni utilizables en la dependencia u organismo gubernamental;
• Exceso en el volumen de compra, lo que ocasiona que se requiera almacenamiento en gran escala en bodegas rentadas y en consecuencia en gasto por este concepto;
• Aceptación o solicitud de sobornos o cohechos ya sea por emitir el pedido o por autorizar el pago en menor tiempo que el establecido en el reglamento de adquisiciones;
• Conflicto de intereses por tratarse de proveedores con los cuales el servidor público tenga parentesco, asociación, estimación o interés;
• Llevar a cabo pedidos de bienes o servicios ficticios o alterados en cantidad y/o en calidad y precio;
• Pagar facturas ficticias a proveedores registrados en el padrón de gobierno, por mercancía o servicios no recibidos;
• Pagos duplicados a proveedores con el propósito de recibir algún beneficio de tipo económico o en especie;
• Préstamo para uso personal de herramientas, instrumental médico quirúrgico, computadoras, automóviles, inmuebles e instalaciones, mobiliario de oficina y de otros muebles;
• Utilización de recursos financieros en cuentas personales con el propósito de ganar intereses y posteriormente devolver sólo el capital;
• Aparecer en nómina, cobrar sueldos y gratificaciones sin llevar a cabo ningún trabajo; a estas personas se les denomina “aviadores”;
• Disfrutar aguinaldo y vacaciones sin tener derecho a ellas, y permisos por enfermedad no reales;
• Alteración o falsificación de documentos de ingresos por importes menores a los realmente cobrados por concepto de contribuciones o donaciones;
• Adquisición fraudulenta de terrenos que fueron donados con motivo de la autorización de fraccionamientos nuevos;
• Sustracción constante de diversa mercancía (alimentos, medicamentos, uniformes, artículos de oficina, computadoras, vales de gasolina, etc.)
• Autorizar el cambio de uso de suelo para la construcción de casas, condominios, centros comerciales, instalaciones deportivas, giros negros, en zonas en las que no se cuenta con los servicios públicos básicos o no es conveniente ni compatible con el entorno social, etc.
• Enajenación de bienes de derecho privado y de derecho público, ya sea en forma indebida o a precios más bajos que los del mercado.

Ejemplos de tipos de fraude cometidos por proveedores del gobierno

• Mercancía entregada con faltantes;
• Manipulación de licitaciones en las que existe colusión con algún servidor público involucrado en el proceso de adquisición;
• Facturación incorrecta respecto de las unidades, la calidad, la cantidad, los precios, espesor, dimensiones, etc.
• Envío de mercancía a domicilios particulares de algún servidor público, con cargo al gobierno respectivo.
• Registrarse en el padrón de proveedores y contratistas sin contar con la experiencia que se requiere, ni las instalaciones y el equipo administrativo suficiente para llevar a cabo operaciones con el gobierno.

Otros fraudes

Recientemente se han presentado casos de personas que defraudan a las autoridades fiscales mediante la solicitud de devolución de impuestos por supuestos saldos a favor del impuesto sobre la renta.

El modus operandi de los delincuentes se basa en la suplantación de la identidad de algún contribuyente, a través del uso indebido de la contraseña de su firma electrónica (FIEL) o de su clave de identificación electrónica confidencial fortalecida (CIECF) y presenta en forma anticipada la declaración anual de ese impuesto, con el objeto de reportar saldo a favor con información ficticia y solicitar que el depósito respectivo se haga a la cuenta bancaria del defraudador.

Lamentablemente cuando el contribuyente afectado de la suplantación de su identidad se da cuenta del fraude, el depósito ya está efectuado a la cuenta del delincuente, colocándolo en un estado de inseguridad jurídica, pues ya no puede obtener su devolución.

El auditor forense, contratado por el ente público afectado, está capacitado para llevar a cabo la investigación pertinente, cotejando los datos declarados por el delincuente y los reportados por el patrón o por los clientes del contribuyente que supuestamente resultó con saldo a favor; asimismo, el auditor verificará que la cuenta bancaria que se manifiesta en la solicitud, corresponda efectivamente a dicho contribuyente. De las conclusiones que dictamine el auditor forense, se desprenderá la acción fraudulenta que servirá de base para interponer la querella.

En consecuencia de lo anterior, en México tenemos la oportunidad y los fundamentos legales para que el auditor forense especializado en el sector público, lleve a cabo su trabajo en la investigación de los delitos que atentan contra el patrimonio y erario de los entes de gobierno y presente dictámenes y las pruebas correspondientes con las cuales se apoyará el ministerio público y el juez penal para castigar las conductas antisociales de los delincuentes que intervinieron en los delitos.

La sociedad confía en que el trabajo eficiente y profesional del contador público especialista y experto en esta materia, le dé la seguridad necesaria para que los políticos y los empresarios deshonestos dejen de realizar sus acciones corruptas y que los recursos públicos verdaderamente se destinen para lo que fueron aprobados en los presupuestos de egresos y etiquetados para partidas específicas.

Conclusión

La auditoría forense debe incluir dentro de sus herramientas y procedimientos, entre otros, los siguientes:

• Revisión de los formatos para presentar la declaración anual de los servidores públicos sobre su situación patrimonial para determinar si los datos y cifras que ahí se consignan, son suficientes para llevar a cabo la verificación y su vinculación con lo manifestado en años anteriores y con la demás información recabada por otros medios; de tal suerte que todos los bienes, deudas, ingresos y egresos tengan secuencia y puedan ser auditables.
• Deberá ponerse especial atención en la posible discrepancia patrimonial entre los ingresos; los egresos; las inversiones en bienes muebles e inmuebles efectuadas año con año incluyendo acciones y partes sociales de personas jurídicas; la enajenación de este tipo de bienes; la continuidad y apertura de cuentas bancarias y de inversión a plazo a nombre del funcionario público y de su parentela, la adquisición de moneda extranjera, los viajes dentro del país o al extranjero, el número de dependientes; los gastos ordinarios de manutención de un hogar y las erogaciones para sufragar vehículos (colegiaturas, gasolina, pólizas de seguros, mantenimiento, accidentes, etc.)
• Como documentos fundatorios para sostener una posible discrepancia entre el total de los ingresos familiares y las erogaciones, pueden mencionarse, entre otros, a los siguientes: la declaración patrimonial presentada ante el órgano interno de control; la declaración fiscal presentada ante la autoridad hacendaria; los estados de cuenta bancarios; los datos del registro público de la propiedad y del comercio; y las demás pruebas y evidencias que se obtengan para determinar dicha discrepancia. En consecuencia de lo anterior, el total de los egresos dará la pauta para definir los ingresos presuntos.
• Celebrar convenio con el Servicio de Administración Tributaria “SAT” para que ejerza sus facultades de comprobación mediante auditoría a las empresas que participaron en el fraude, para verificar si las operaciones facturadas fueron reales; que se prestaron los servicios cobrados; que la mercancía fue adquirida, que está registrada en su contabilidad y llevó control de inventario; se emitieron entradas y salidas de la mercancía enajenada al gobierno; entre otros objetivos.
• De la misma manera se revisarían las cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los accionistas y sus familiares, de las empresas privadas involucradas, para en su caso determinar cuál fue la ruta del dinero obtenido de manera irregular.

• Insuficiencias de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco
• Las contribuciones y el comercio exterior
• Materialidad de las operaciones de los contribuyentes
• El auditor y su exposición al fraude
• IMMEX, crónicas de una muerte anunciada