Ley Anti-Corrupción

Ley Anti-Corrupción

Introducción

La corrupción siempre ha sido una problemática a lo largo de la historia de México, índices internacionales de percepción a la corrupción posicionan a nuestro país en sitios desfavorables en comparación con países desarrollados, incluso a nivel Latinoamérica México se encuentra peor calificado que países como Brasil, Argentina o Colombia.

Es el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE)1.

No es solo a nivel internacional la alta percepción a la corrupción, a nivel local los ciudadanos perciben el nivel de la problemática. El 93% de la población da por sentada la corrupción en México y el 61% que el gobierno federal ha fallado al intentar combatirla.

En el 2016 inició la reforma Constitucional para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, algunos de los aspectos más relevantes son los siguientes:

  1. Funcionarios públicos deberán presentar y hacer del conocimiento público su declaración fiscal y de intereses.
  2. Aumento considerable en las sanciones.
  3. Creación de la Fiscalía Contra los Delitos de Corrupción

También forma parte del Sistema Nacional Anti-Corrupción la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la cual fue creada con el objetivo de establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, definir obligaciones y señalas las sanciones aplicables.

Objetivo

El objetivo de este boletín es entender a grandes rasgos la gravedad de la problemática, saber cuánto representa en valores monetarios la corrupción para los mexicanos.

Además, conocer cuáles son los actos corruptos más comunes y de que forma las empresas podrían establecer mitigantes para mantener los actos corruptos ajenos a ellas.

Costo de la corrupción para los mexicanos

Las estimaciones que calculan los costos económicos de la corrupción en México van desde el 2% de acuerdo al Foro Económico Mundial (2015), al 10% de acuerdo a la Organización de Estados Americanos (2015). Si tomamos en cuenta la estimación más conservadora del 2%, en México se gastan en corrupción 363 mil millones de pesos al año, equivalente a la mitad del presupuesto anual del IMSS.

Además de los enormes costos económicos que impone la corrupción, las organizaciones se encuentran frente a grandes riesgos reputacionales y legales derivados de ella.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2015:

  1. El 29% de los ciudadanos opinan que los empresarios incurren en prácticas de corrupción de manera muy frecuente,
  2. El 38% de manera muy frecuente,
  3. El 20% de manera poco frecuente, y
  4. El 4% manifestó que los empresarios nunca incurren en prácticas corruptas.

Marco jurídico internacional

México celebró tratados y se comprometió con los siguientes organismos internacionales:

  1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (9 de diciembre de 2003)
  2. Convención Interamericana para combatir la Corrupción (29 de marzo de 1996)
  3. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales (17 de diciembre de 1997).

Como se puede apreciar, el tema no es vincular a México como país a las mejores prácticas internacionales, es la acción de la ejecución en la que no hay avances.

Mediante la firma de estos tratados, México se obligó principalmente a:

  1. Mejorar su ordenamiento jurídico en materia de corrupción,
  2. Implementar medidas que prevengan la corrupción,
  3. Crear códigos de conducta para entes públicos y privados,
  4. Imponer sanciones a los particulares,
  5. Fomentar la participación de la sociedad,
  6. Sancionar a funcionarios públicos y empresas que incurran en alguna práctica corrupta, entre otras.

Principales actos corruptos

  1. Comercio de influencia.
  2. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales públicas.
  3. Abuso de funciones.
  4. Soborno en el sector privado.
  5. Obstrucción de justicia.
  6. Lavado de activos del crimen.
  7. Ocultación.
  8. Malversación de bienes en el sector privado.
  9. Enriquecimiento ilícito.
  10. Malversación, apropiación indebida u otra desviación de propiedad por parte de un funcionario público.
  11. Soborno de funcionarios públicos nacionales.

Detección de violaciones a programas de integridad

Los sistemas de denuncia han resultado ser muy eficaces para la detección de violaciones a los programas de integridad.

De acuerdo con el reporte 2016/2017 de fraudes y riesgos globales emitidos por Kroll:

  1. El 44% de los fraudes al interior de organizaciones fueron descubiertos por sistemas de denuncia
  2. El 33% descubiertos mediante auditorías
  3. El 32% mediante análisis proactivo de datos de directivos

En un sistema de denuncia los colaboradores e incluso terceros pueden:

  1. Denunciar cualquier violación al código de conducta de la organización.
  2. Denunciar violaciones al programa de integridad, incluyendo los procesos ahí diseñados.
  3. Utilizar el sistema de denuncia como una línea de ayuda donde se pueden consultar dudas respecto del programa de integridad o de alguna situación en específico derivada del Código de Conducta.

Pymes y la corrupción

De acuerdo con las cifras del INEGI del 2014 el 99.7% de las empresas en México son PYMES y representan el 52% del Producto Interno Bruto, así como el 72% de los empleos generados en el país.

Debido a estas cifras es que las PYMES juegan un papel muy importante en el combate a la corrupción, muchas veces son víctimas de la corrupción, pero muchas otras se han visto beneficiadas de este tipo de esquemas.

Entre las razones más comunes por las cuales las PYMES recurren a prácticas corruptas en el mundo se incluyen:

  1. La maximización de beneficios
  2. Aceleración de trámites gubernamentales
  3. Supervivencia en el mercado
  4. Entrada a nuevos segmentos de mercado

Primeros pasos para diseñar e implementar un programa de integridad

Implementar un programa de integridad no sólo reduce los riesgos legales, financieros y reputacionales de una organización, sino que fortalece el compromiso de los directivos de salvaguardar los activos de la organización y proteger a sus socios, colaboradores, proveedores, clientes e inversionistas de consecuencias negativas.

El modelo de administración de Global Compact de la ONU-Programa de Integridad está representado por un círculo, ya que es un proceso cíclico y se tiene que repetir con cierta periodicidad, de tal manera que se actualice y mitigue riesgos.

Modelo de administración de Global Compact de la ONU-Programa de Integridad

Comunicación y definiciones

Se deben definir:

  1. La estrategia en la que los directivos de la organización van a transmitir a todos los colaboradores la importancia de implementar un programa de integridad.
  2. Nivel de tolerancia de corrupción en la organización. Empezando por establecer su definición de corrupción. La definición más utilizada es la de “abuso del poder público para beneficio privado”.

La recomendación de organizaciones civiles es ampliar esta definición para incluir actos del ámbito privado: La corrupción es el abuso de cualquier posición de poder pública o privada, con el fin de generar un beneficio privado indebido, a costa del bienestar colectivo o individual.

Definir la corrupción es un reto. Una alternativa es describir de manera sencilla las conductas consideradas como corruptas o indeseables, algunos ejemplos de las conductas comunes son:

  1. El pago de sobornos
  2. La entrega de pagos facilitadores
  3. El tráfico de influencias
  4. Conflicto de interés
  5. Participación Ilícita en procedimientos administrativos
  6. Contratación indebida de funcionarios públicos
  7. Colusión

Análisis de riesgo

Un programa de integridad debe ser diseñado a la medida, a fin de reflejar los riesgos particulares de cada organización, riesgos inherentes al giro y ubicación del negocio, las circunstancias, el entorno, la cultura organizacional, así como el tamaño de la organización.

Realizar un adecuado análisis de riesgo

Para realizar un adecuado análisis de riesgo se debe realizar:

  1. Recolección de información
  2. Conocer a la organización
  3. Calificar los factores de riesgo
  4. Calificar la probabilidad de que ocurra cierto acto de corrupción
  5. Calificar el impacto para la organización de cierto acto de corrupción

Elementos esenciales en un análisis de riesgo

Además, existen elementos esenciales en un análisis de riesgo:

  1. El Apoyo de los directivos o altos ejecutivos
  2. Comunicación acertada (Importancia y cooperación)
  3. Documentar el análisis de riesgos (Planeación, Ejecución y resultados)
  4. Definir tareas y responsabilidades de los participantes
  5. Conducir este análisis de manera individual y separada de otros análisis de riesgo realizados por la organización
  6. Sesiones de intercambios de ideas entre colaboradores
  7. El sistema de incentivos de la organización deber ser considerado

En base al resultado del análisis de riesgo se determinan las políticas y controles de integridad que serán implementadas en una organización.

Estos se materializan en un código de conducta y en manuales de procedimientos, entre otros documentos que formarán parte del programa de integridad.

Ley general de responsabilidades administrativas

El artículo 25 de la LGRA establece que, en la determinación de la responsabilidad de las personas morales, se valorará si estas cuentan con una política de integridad, y se considera una política de integridad aquella que cuente al menos con:

  1. Manual de organización y procedimientos
  2. Código de conducta
  3. Sistemas de control, vigilancia y auditoria
  4. Sistemas de denuncia
  5. Sistemas de entrenamiento y capacitación
  6. Políticas de recursos humanos
  7. Mecanismos de transparencia y publicidad

Conclusiones

La corrupción es un problema al que están expuestos todos, no solamente servidores públicos y dependencias de gobierno, por lo tanto, las empresas deberían implementar controles como pueden ser políticas y procedimientos anti-corrupción, líneas de denuncia, códigos de conducta y sanciones al mismo; pero sobre todo sistemas efectivos y congruentes con la exposición a su riesgo de prácticas desleales y en donde se pueda perpetrar algún delito.

Se debe considerar que los delitos de Corrupción tienen alcances extraterritoriales en donde se expone el riesgo a ser sentenciado en otra jurisdicción y que los mitigantes adoptados por las entidades funcionan como pruebas en un juicio.

No puedo hacer de lado, la expectativa para México con el cambio de Gobierno Federal respecto de la selección del Fiscal Independiente, el cual es pieza Medular en el nuevo modelo de Sistema Nacional Anti Corrupción en nuestro país, si bien, no sólo debe tener las características de integridad como funcionario público, sino que debe tener un entendimiento de Leyes como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, Marco Penal en lo General, así como su interacción a nivel Federal hacia los estados y viceversa, Capacitación especializada en materia de Administración de Riesgos, entre otras habilidades que podría enumerar.

Es sin duda una pieza clave para que el combate a la corrupción se convierta en una realidad en México.

Desafortunadamente el horizonte de convertirse en una realidad dista mucho en tiempo, recursos y capacitación a nivel federal, sin embargo esa expectativa podrá reducirse y traer resultados tangibles en la selección del Fiscal Independiente en el corto plazo.

Notas al pie:
1.  Índice de Percepción de la Corrupción (2017) de Transparency International
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