¿Qué es la ley federal de austeridad republicana?

¿Qué es la Ley Federal de Austeridad Republicana?

Antecedentes

Desde que entró en funciones la actual administración pública federal, el Titular del Poder Ejecutivo ha insistido en demasía sobre el tema de la corrupción en que incurrieron sus antecesores; y frecuentemente emite declaraciones en las que culpa a dichas administraciones sobre el deterioro de las finanzas públicas y la descomposición social.

De igual forma, se ha obstinado en dividir a la población en 2 dos sectores: “Conservadores” (que todo le critican; los malos de la película) y los “Liberales” (los que están con él, sin cuestionarlo) con lo cual pretende sumar adeptos para que apoyen y se sumen a su proyecto de la denominada por él mismo como: “La Cuarta Transformación” comparándose con héroes de la historia nacional que han encabezado movimientos clave en la construcción de la historia del país, como son los casos de Benito Juárez en la Reforma; Francisco I. Madero en la Revolución; y Miguel Hidalgo en la Independencia; con lo cual pretende hacer historia y cumplir su anhelo de ser un buen presidente.

Conservadores, liberalismo y neoliberalismo

Para entender un poco lo que significan para el actual Titular del Poder Ejecutivo los términos mencionados, debemos acudir al diccionario:

Conservadores: Son partidarios de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se oponen a reformas o cambios radicales en la sociedad (los “malos”)

Liberalismo: doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. Se trata de un sistema filosófico y político que promueve las libertades civiles y que se opone al despotismo.

Es un tipo de doctrina filosófica de carácter político, social y económico la cual se encarga de defender la libertad de cada persona y plantea resistencia al hecho de que el gobierno se inmiscuya en asuntos de índole civil (los que lo apoyan)

También hace mención como villanos de la historia a los que él califica como Neoliberales, entendiéndose como tal, lo siguiente:

Neoliberalismo: es una doctrina económica y política que apunta a minimizar el rol del Estado. Esta teoría surgió a partir de las premisas del liberalismo clásico y se popularizó a fines de la década de 1970. Suele relacionarse con políticas que conllevan a respaldar una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general, las grandes reducciones de los impuestos y del gasto público, así como la minimización de la intervención del Estado en la economía y en la sociedad, a favor del sector privado.

Austeridad republicana

Como una forma de disminuir el gasto público y enarbolando la bandera de “austeridad republicana”, el Titular del Poder Ejecutivo federal presentó iniciativa de ley en esta materia, y de cuya exposición de motivos podemos rescatar los siguientes puntos:

  • La austeridad republicana de Estado es un modo de vida democrático sustentado en el interés general, en la sobriedad de la vida pública y privada y en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular. Un gobierno austero es aquél que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del mandato popular.
  • A partir de esta ley, la austeridad republicana será un principio conductor de la buena administración y se convertirá en eje estratégico del gasto público.
  • El neoliberalismo ha avanzado afectando derechos y disminuyendo recursos a los programas sociales, con objeto de beneficiar sólo a los intereses de unos cuantos.

De igual forma, acudiré al significado de los conceptos torales que motivaron el título de la ley en comento:

Austeridad: es una condición en la que se gasta sólo lo necesario para la supervivencia de una persona o una organización. Es ante todo una actitud que evita el derroche y la falta de consideración en lo que respecta al uso de los recursos.

Republicana: es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas, elegidas mediante voto popular o parlamentario, por periodos de tiempo limitados, para representar los intereses de los ciudadanos. La palabra proviene del latín “res publica”, que significa ‘la cosa pública’, ‘lo que es común’. Es un sistema en donde el pueblo puede ejercer una soberanía, por medio de los gobiernos que eligen por un determinado tiempo y donde ejercen un determinado cargo.

Se propone una “austeridad republicana” que adelgace el gasto burocrático del gobierno, los gastos innecesarios y onerosos, pero que respete y aumente los derechos sociales de toda la población en el marco del principio de progresividad de los derechos fundamentales.

Por ello, la “austeridad republicana” es una obligación del Estado hacia todos los mexicanos.

En México existe una alta burocracia, se trata de una casta de altos funcionarios públicos que con el dinero del pueblo realizan compras abusivas para su beneficio personal, como celulares de lujo, vehículos blindados, frecuentes viajes y transportación en clases ejecutivas. Esta burocracia es de las mejores pagadas a nivel internacional.

Ello contrasta con la situación salarial en nuestro país en donde también con datos de la OCDE, México se ubica en un promedio salarial de 4.6 dólares diarios, mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE es de 18.8 dólares diarios.

En 2016 un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganaba más que el presidente de Alemania o de Italia.

En 2017 el sueldo de un director ejecutivo de una empresa privada es de aproximadamente 190 mil pesos mensuales mientras que en las altas burocracias un director de área puede llegar a ganar más de 280 mil pesos mensuales.

Los ingresos anuales de los altos funcionarios del gobierno mexicano son más elevados que los de los estadounidenses, suizos, franceses, noruegos y casi de todos los países de la OCDE.

Finalmente, es relevante señalar que, todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios, y por auspiciar la austeridad republicana, se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni endeudar al país. Precisamente por la política de austeridad republicana, bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos.

El Ramo General 23

Los ahorros derivados de la aplicación de esta ley federal de austeridad republicana, se asignarán al Ramo General 23.

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para:

  1. el cumplimiento del balance presupuestario,
  2. el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos,
  3. la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario, y
  4. otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.

Entrando en materia, los puntos relevantes de la ley en mención son los siguientes:

La Ley Federal de Austeridad Republicana regula y norma las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la administración pública federal.

Para esta ley, la “austeridad republicana” es una conducta para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, aplicando para ello, la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Establece que cada año fiscal los entes públicos obligados entregarán al “Comité de Evaluación” y a la Cámara de Diputados un “Informe de austeridad republicana” para reportar los ahorros obtenidos para su evaluación. Dichos entes deberán enfocar las medidas preferentemente en el gasto corriente y evitar reducir la inversión en la atención de emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

El “Comité de Evaluación” es el responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de austeridad republicana de los entes públicos; además, deberá entregar a la Cámara de Diputados informe de evaluación de forma anual, con los siguientes elementos:

  1. Medidas tomadas por la administración pública federal;
  2. Impacto presupuestal de las medidas;
  3. Temporalidad de los efectos de ahorro;
  4. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana, y
  5. Destino del ahorro obtenido.

Menciona que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas. Las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano interno de control. Menciona también que los contratos otorgados mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública serán nulos de pleno derecho, declarado por la autoridad judicial competente.

Los gastos por concepto de telefonía, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, remodelación de oficinas, congresos, convenciones, y varios más, no excederán de los montos asignados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior considerando los incrementos en precios y tarifas o la inflación.

Asimismo, ordena que únicamente a los titulares de dependencia o entidad se les asignará secretario particular; a los subsecretarios de estado y superiores, así como a titulares de entidades de control directo, se les permitirá la asignación de chofer.

El gasto neto total por concepto de propaganda o publicidad oficial se sujetará a las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no podrán ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal, salvo situaciones de carácter emergente, caso fortuito o fuerza mayor.

Se prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos de lujo o cuyo valor supere las 4,343 UMA´s (para 2020= $86.88 x 4,343 = $377,320); para el traslado de los servidores públicos; excepto si la autoridad compradora pone a consideración del órgano interno de control, la justificación de dicha adquisición.

Los vehículos aéreos serán enajenados asegurando las mejores condiciones para el Estado. Se exceptúa de esta medida a las unidades destinadas a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil así como al traslado de enfermos.

Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo, así como el derroche de energía eléctrica, agua, telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

Todos los fideicomisos que reciban recursos públicos serán constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, como Fideicomitente único; deberán ofrecer información cada trimestre de manera oportuna y veraz; publicar trimestralmente sus estados financieros. Esta información deberá estar inscrita en el “Sistema de información de fideicomisos” que al efecto establecerá la SHCP.

Esta ley entró en vigor el día 20 de noviembre del año 2019, y se otorgan 180 días para:

  • Que los entes públicos ajusten sus marcos normativos conforme a esta ley;
  • Que se expidan los lineamientos para cumplir con este ordenamiento;
  • Que la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público analicen la normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos que reciban recursos federales; se publicará un informe y se enviará a la Cámara de Diputados.

Conclusiones

Esta ley otorga “manga ancha” para llevar a cabo adquisiciones violentando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual determina con precisión el procedimiento que deben cumplir las dependencias y entidades del gobierno federal para la compra y arrendamiento de bienes y servicios.

Los ahorros que se pretenden con la ley son únicamente para el primer ejercicio fiscal posterior al en que entró en vigor, es decir, sólo para el año 2020, porque cuando se formule el presupuesto de egresos del año 2021, las partidas presupuestales que sufrieron disminución deberán proponerse al importe neto ejercicio en el año 2020; por tanto, es casi inviable lo consignado en ella.

Las camionetas de lujo que utilizan tanto el presidente de la república como varios secretarios y titulares de paraestatales para sus viajes, cuestan por lo menos $900,000 cada una, por tanto, son de valor mucho mayor al tope máximo que establece esta ley, por ende, debieron obtener la aprobación de Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, previa solicitud y justificación tanto del valor del vehículo como de los accesorios adicionales y el blindaje.

Esta ley establece asuntos obvios que debieron omitirse, como, por ejemplo:

  • El cumplimiento de la presente ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes se apoyarán en su órgano interno de control.
  • Queda prohibida toda duplicidad de funciones en la Administración Pública Federal.
  • La Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, y la Auditoría Superior de la Federación, desarrollarán las actividades de fiscalización a todo fideicomiso, e incluirán en su planeación de auditorías, visitas e inspecciones a cualquier fideicomiso, y darán seguimiento y evaluación del cumplimiento de los fines para los cuales se constituyeron;
  • Los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades; están obligados a cuidar los bienes muebles e inmuebles; deberán brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a las personas que requieran sus servicios; tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en el horario y centro de trabajo; con motivo de su empleo, cargo o comisión, tienen prohibido recibir cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
  • Los recursos presupuestales federales asignados a las entidades federativas y a los municipios, serán sujetos de seguimiento y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Y otros asuntos más.

Los fondos monetarios asignados al Ramo 23 se conocen como “La caja chica del Presidente”; él puede disponer para lo que considere conveniente o necesario; es a su libre albedrío; sin rendir cuentas a nadie; por lo tanto, realmente no habrá tales ahorros porque finalmente serán aplicados en conceptos que sólo el Titular del Poder Ejecutivo federal determinará.

Me parece que la Ley Federal de Austeridad Republicana no aporta nada nuevo a la normatividad de las adquisiciones del gobierno federal, porque ya existen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que regulan precisamente las adquisiciones en comento; adicionalmente se cuenta con diversos reglamentos aplicables en esta materia; en consecuencia, considero que esta ley se expidió como una bandera para justificar lo que tanto se esgrimió durante la campaña presidencial en cuanto a la austeridad.

Las adquisiciones seguirán efectuándose a voluntad de los funcionarios con poder de decisión y sólo tendrán que cumplir el requisito de obtener la autorización del órgano interno de control mediante la justificación correspondiente.

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