Trascendencia de la Materialidad y su Calvario de Fiscalización

Trascendencia de la Materialidad y su Calvario de Fiscalización

La iniciativa presentada al Congreso, el 8 de septiembre de 2013, la cual fue aprobada y entró en vigor a partir de 2014, donde se adicionó el articulo 69-B del CFF, en el cual mediante un mecanismo, la autoridad tributaria puede considerar mediante la presunción, la existencia de operaciones simuladas realizadas por las empresas emisoras llamadas EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), éstas pueden ser consideradas como tal, cuando la autoridad determine o identifique entre otras cosas las siguientes: el contribuyente no cuente con activos; no cuente con personal ni infraestructura, así como capacidad material directa o indirecta para poder producir o comercializar los bienes y servicios que avalen los comprobantes que emiten; o en su caso, que dichos contribuyentes se encuentren como no localizados.

Estas implementaciones en el Código Fiscal de la Federación, sin duda han generado muchos cambios que hasta cierto punto parecieran agresivos para los contribuyentes en este país, no sólo por la implementación de las nuevas obligaciones a las que los mismos se han hecho acreedores, sino también por la necesidad de implementar o cambiar, en la mayoría de ellos sus controles internos administrativos y todo esto, gracias a las herramientas interpretativas que esta modificación otorgó a la autoridad, de las cuales en muchos casos los contribuyentes han tomado sus debidas precauciones pero en la gran mayoría no han tenido el cuidado de analizar o estudiar los cambios, lo cual sin duda podría traer graves consecuencias o trabajos innecesarios.

En el pasado para los contribuyentes las cosas eran más sencillas, ya que para dar cumplimiento a las operaciones que las empresas realizaban para el desarrollo de sus actividades, ya fueran empresariales o profesionales, hablando de pago de mercancías o servicios así como los gastos, bastaba con cumplir con los requisitos de los artículos 29 y 29A del CFF y el requisito de que las mismas fueran estrictamente indispensable para el desarrollo de las actividades, e incluir en la contabilidad la transferencia o cheque bancario. Sin embargo en la actualidad esta práctica y con los cambios, ya no funciona de esa manera, con la aparición de la tan mencionada “Materialidad”, donde no basta con lo mencionado anteriormente, sino que ahora es necesario poner especial cuidado en contar con mayores elementos para justificar estas operaciones, debido a que cualquiera de ellas es susceptible y deberá cumplir en ese sentido con la acreditación mediante pruebas demostrando la veracidad de esta operación, además de la presentación del CFDI, su póliza contable y movimiento bancario. Y lo anterior, es importante mencionarlo que es a criterio de la autoridad, por lo que los contribuyentes deberán vigilar en su totalidad las operaciones que pudieran carecer de sustancia.

Esto sin duda es la consecuencia del aprovechamiento de la pseudo-planeación fiscal, que durante muchos años algunos contribuyentes utilizaron con la intención de disminuir la carga tributaria mediante prácticas fiscales indebidas, como la compra-venta de facturas. Por lo que, mediante estos mecanismos, la autoridad busca detectar estas prácticas, sin embargo, esto trae consigo un aumento de trabajo, que como ya mencionamos, obliga a todos los contribuyentes a tener que demostrar que estas actividades se hayan llevado a cabo y no caer en una supuesta operación simulada.

En este tipo de prácticas, los asesores en muchos casos pueden sugerir ir a juicio argumentando que los contribuyentes podrían ganarlo mediante un proceso de defensa jurídica, con la intención de ofrecer este tipo de servicios, sin embargo, en este proceso es importante contar con los elementos para probar en lo jurídico que estas operaciones sí fueron realizadas. El punto de este artículo es comprender los efectos que esto trae a las operaciones, que sin ser actos simulados deberán cumplir con estas obligaciones o que los contribuyentes que no realizan este tipo de actos tendrán que realizar cambios importantes y cuidados, ya que podrían caer en supuestos sin serlo, sólo porque a criterio de la autoridad algún proveedor se encuentra en el supuesto, lo que originaría la necesidad de modificar sus cálculos contables y presentar declaraciones complementarias, además de pagar el impuesto más los accesorios correspondientes.

Así pues lo anterior es sólo el efecto en cuanto los supuestos de EFOS y EDOS, pero no podemos dejar de lado todos los demás actos que las autoridades y no solamente tributarias están llevando a cabo para la identificación y frenado de estas prácticas; es por muchos sabido que la venta de facturas se realizaba a diestra y siniestra, sin el menor acto de vergüenza por muchas personas, no sólo contadores y abogados, sino de cualquier carrera o licenciatura, incluso en ocasiones ni ellos mismos sabían las consecuencias o que comercializaban un delito, ofreciendo incluso por internet, bastaba con poner en un buscador y aparecían infinidad de opciones, donde aparecían despachos completos con estructuras muy elaboradas, únicamente con el fin de ofrecer estos servicios. Lo anterior obligó que las distintas dependencias de gobierno implementaran los procesos para evitar que siguieran creciendo estas redes de actos.

El problema inicial lo comenzamos a percibir los contadores al realizar los cálculos y resultados para nuestros clientes, que en muchas ocasiones algunos de ellos ya venían amañados o asesorados por otros contadores o inclusive eran los mismos empresarios que sugerían no pagar impuestos implementando estas prácticas, en consecuencia nuestro trabajo mermaba ya que ninguna sugerencia que pudiéramos otorgar era más económica que la comisión que estos despachos cobraban por la venta de los documentos.

Las situaciones que han surgido por esta problemática, por mencionar algunas me permito mencionarlas a continuación:

  • 1.         Una situación muy incómoda para aquellos que quieren ingresar al padrón del Registro Federal de Contribuyentes, ya que desde ahí comienza el sufrimiento de los socios al querer inscribir sus empresas para operar en la economía formal; se habla que las autoridades buscan que el pagar impuestos sea una manera sencilla, pero únicamente en teoría, ya que desde la creación del acta constitutiva, la inscripción en el RFC, el trámite de la Firma Electrónica Avanzada ya son una verdadera travesía.

Uno de los casos que más nos ha sorprendido es, lo referente a los actos realizados para poder tener un acercamiento a las autoridades, ya que los contribuyentes se topan con el impedimento de no permitir el acceso a sus asesores cuando es citado en las oficinas del SAT, por lo que desde la recepción es dejado a la deriva y el contador deberá esperarlo afuera.

Ahora, no sólo es complicado el ingreso para la realización de los trámites a las oficinas administrativas, sino que en muchos casos podría considerarse incluso hasta intimidante acudir al SAT, ya que cada vez es más complicado y difícil la realización de distintos trámites. Otro ejemplo es en el caso de la inscripción del RFC de nuevas sociedades, ya que cuando el socio o el representante legal se presenta ante los escritorios, éstos son intimidados por un cuestionario que por demás está por demás decir amenazador, con preguntas que pareciera que la intención de nuestra autoridad sea que las personas no concluyan el trámite, invitados a salir huyendo y atemorizados, dudando de lo que están a punto de hacer, preguntas que van desde: ¿entiende realmente la actividad que va a desarrollar?, ¿de dónde va a sacar el capital?, ¿cuenta con los recursos necesarios?, etc., hasta advertir que pudiera incurrir en un delito de pena corporal en caso de ser un prestanombres, pidiendo explicación con santo y seña de las actividades que va a realizar. En algunos casos los propios contribuyentes expresan que al salir de ahí se sintieron tratados como delincuentes.

  • 2.         Un tema que también ha tenido un duro impacto es sin duda el frenado de las devoluciones de saldos a favor, hemos encontrado que las consecuencias han sido para estos efectos las negativas o trabas, así como la solicitud masiva de información para efectos de buscar la sustancia de la misma, debido a que la autoridad basada en la legislación se presta para que busque la “materialidad” mediante una trascendencia en el alcance, es decir, se trasciende más allá, hasta buscar que tus proveedores estén cumpliendo oportunamente con sus obligaciones, por lo que de ahí dependería la aceptación o rechazo de la devolución solicitada.
  • 3.         Para el caso de las empresas que se dictaminan, en específico para los CPR’s (contadores públicos certificados) han tenido que modificar la revisión de su dictamen, no tomando como base el buscar que las NIF sean aplicadas de manera correcta, sino que buscan el tener especial cuidado con las partidas que pudieran caer en sospecha de ser una operación simulada, ya que a la hora de dar cumplimiento a una potencial revisión “secuencial”, la autoridad ya está cuestionando a los CPR’s el cómo validó esas operaciones y si fueron revisadas a detalle, queriendo o exigiendo como si los CPR’s formaran parte o cumplieran sus revisiones como una policía ministerial   en   estas   cuestiones,   dejando a un lado los demás temas, enfocándose únicamente en estos actos.
  • 4.         Importante mencionar que existen los convenios de colaboración firmado entre el IMSS y el Servicio de Administración Tributaria, donde si por alguna razón optas por contratar un servicio de administración del personal o similar, en estos casos deberás contar con la información que las propias dependencias solicitan mediante documentación de control interno, registro de todas las operaciones mediante los sistemas de verificación y control necesarios, incluso en algunos casos de aberración los propios auditores del IMSS ya se atreven a interpretar las operaciones simuladas y amenazan con éstas a los contribuyentes.
  • 5.         Ahora bien, no solamente el SAT como autoridad tributaria está ejerciendo actos intimidatorios, sino que se están emitiendo documentos de solicitud por parte de la agencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que citan a declarar por la adquisición de mercancías a supuestos EFOS, solicitando la presencia de los contribuyentes en calidad de testigos, pidiendo que acompañen a la visita documentación comprobatoria de las operaciones con este EFO, información como la declaración informativa de operaciones con terceros, facturas, pagos, estados de cuenta, fotografías, anexos, estudios y demás documentación que el propio contribuyente considere. Importante mencionar que al acudir a estas entrevistas, se les intimida por medio de los entrevistadores donde se les solicitan datos personales, así como de los contactos con quienes realizaron estas operaciones, tales como teléfonos y direcciones de los contactos; se señala también en el mismo documento que, de no acudir el día y la hora señalada se hará acreedor a una multa por un valor de 100 unidades de medida y actualización y hasta arresto por 36 horas.

Los anteriores, son algunos puntos de los impactos generados desde la modificación al artículo 69 y 69B del CFF, sin embargo, me atrevo a mencionar que esta historia no termina aquí, ya que existe el rumor que ya se viene cocinando un Articulo 69 B Bis, el cual vendrá de la misma manera a implementar una libre interpretación a las autoridades en los temas de las pérdidas fiscales. Pero eso podría ser tema del siguiente análisis.

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